Algo huele mal en la Liga española

Liga española

 

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha mostrado su clara intención de erradicar cualquier sombra de duda sobre la limpieza de la competición en España al presentar una querella por un supuesto amaño de partidos. La LFP ha puesto en conocimiento de un juzgado de Pamplona una serie de acontecimientos que conllevarían la comisión de varios delitos, entre ellos, el de apropiación indebida y corrupción de particulares.

Esta querella de la LFP se unirá, tal y como ha explicado en un comunicado público el Tribunal Superior de Navarra, a otra en el Juzgado número 2 de Instrucción que investiga el desvío de al menos 2,4 millones de euros de las cuentas del Club Atlético Osasuna. Por esta última ya han sido detenidos tres ex directivos del club navarro.

La querella de la LFP fue presentada ya el pasado 26 de febrero y se ha sumado a la presentada contra los ex dirigentes de Osasuna por ese supuesto desvío de dinero. Coincidencia o no, hemos conocido la acción de la Liga Profesional el mismo día en que tres de los máximos responsables de Osasuna en temporadas anteriores era conducidos a los calabozos. Se trata de Miguel Archanco, quien presidiera la entidad navarra hasta el curso pasado, su ex gerente, Ángel Vizcay y el ex directivo Txuma Peralta. A los tres se les investiga por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, societario y falsedad documental.

Curiosamente uno de los detenidos, Ángel Vizcay, gerente del club durante los últimos 24 años, fue el encargado de desvelar todo este asunto públicamente. Lo hizo en una reunión en Madrid durante una comisión realizada en la propia sede de la LFP. Vizcay reconoció allí que llegaron a ofrecer 250.000 euros a dos jugadores del Betis al final de la temporada pasada. Todo a cambio de ganar en Valladolid y, de ser necesario, dejarse perder la semana siguiente ante Osasuna. Estas revelaciones no tardaron en trascender públicamente y el propio Vizcay confirmó sus declaraciones ante la Liga en una entrevista radiofónica con José Ramón de la Morena.

Todo lo que narra Vizcay son hechos sucedidos durante la presidencia de Archanco y, obviamente, lo que se pretendía con esos pagos era evitar el descenso de categoría del club rojillo, algo que finalmente ocurrió y Osasuna juega actualmente en la segunda división. El cambio de nombres en la junta directiva de Osasuna es lo que hizo saltar el escándalo. Los nuevos dirigentes pusieron en conocimiento de las autoridades deportivas competentes (la LFP en este caso) la existencia de salidas de dinero sin justificar, lo que provocó la rápida reacción del Consejo Superior de Deportes (CSD) al solicitar la auditoría de los tres últimos ejercicios. Ahora, los juzgados navarros intentarán determinar hacia dónde se desvió la cantidad aproximada de 2,4 millones de euros salida de las arcas del club.

Como decíamos, los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida, societario y falsedad documental. Hay que destacar el hecho cierto de que haya sido la actual junta directiva del equipo navarro, con su presidente Luis Sabalza a la cabeza, quien haya denunciado los hechos. De llevar a cabo la investigación se encargará el Juzgado número dos de Pamplona y lo hará conjuntamente con la querella presentada por la LFP por un supuesto delito de apropiación indebida y de corrupción de particulares, por el tema de un supuesto amaño de partidos. El juez ha entendido, pues, que ambas querellas deben ir en un mismo procedimiento que, por el momento, se mantiene en secreto.

Según se puede leer en el auto del juez, lo que se pretende conocer en la causa es “la finalidad real” de todos y cada uno de los pagos efectuados el día 1 de junio de 2013 a Cristiana Valencia y Alberto Nolla por importe de 900.000 euros y “la identidad del supuesto agente deportivo” que percibió en diciembre de 2011 un pago de 76.611 euros.

De igual modo y de forma conjunta, el juez ordena que se desvele la identidad de las diferentes personas que el día 1 de julio de 2013 firmaron el contrato entre Flefield y el Club Atlético Osasuna en virtud del cual esta sociedad acabaría percibiendo a lo largo de 2014 un total de 1.440.000 euros, así como qué servicios recibió a cambio de ello el club. Por último, el magistrado insta a la Policía a que indague qué persona o personas extrajeron de las arcas del club pamplonica un total de 1.345.000 euros en efectivo desde el mes de noviembre de 2013 hasta junio de 2014, así como la finalidad para la que dichas cantidades fueron extraídas.

Nada más presentarse la denuncia por parte de Osasuna el pasado 19 de febrero, la Policía Nacional procedió al registro de las oficinas del club en el propio estadio de El Sadar. Los agentes tomaron declaración a buena parte de los empleados del club, mientras se realizaba la auditoría encargada por la LFP. Los encargados de la misma declararon ya ante el juez en condición de testigos peritos.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha querido destacar que las actuaciones llevadas a cabo y la detención de los tres ex dirigentes de Osasuna ponen de relieve la extraordinaria importancia que este proceso tiene para el fútbol español. “Estamos ante un proceso vital para el fútbol de nuestro país. Se está hablando no sólo del amaño de un partido en concreto, sino del destino final de casi que tres millones de euros”, manifestó el presidente además de agregar su convicción de que la actuación judicial llegará hasta el fondo de la cuestión.

El presidente de la LFP quiso recalcar también que “todas las decisiones que se deriven de este proceso corresponden ya al Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona y no a la LFP, pero este proceso deja claro el compromiso del organismo que presido contra la corrupción y el amaño de partidos”, aseguró.

Los que también se han movido con especial celeridad y claridad son los actuales dirigentes de Osasuna. La directiva convocó de inmediato una asamblea extraordinaria para detallar el proceso a sus socios compromisarios, dándoles a conocer el informe de la auditoría y pedirles la autorización o la ratificación, en su caso, para personarse como acusación particular en los diferentes procedimientos judiciales que vayan surgiendo.

Estas diligencias no han sido más que el arranque de una investigación que se presume larga. No tardó en ser detenido también el ex presidente navarro, Patxi Izco, señalado directamente por Vizcay. Junto a él también fueron detenidos su ex vicepresidente, Juan Pascual, y el actual director de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain. La vieja cúpula de Osasuna, golpeada en pleno.

Además de lo ya señalado, se investiga también el partido Espanyol-Osasuna de la penúltima jornada del pasado campeonato liguero. El partido acabó finalmente con empate a un gol, resultado que dejaba matemáticamente salvado a los catalanes y a los navarros con opciones reales de lograr la permanencia. En la querella interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional el pasado 26 de febrero figura la declaración realizada en su día por el gerente del club, Ángel Vizcay, en la que implica directamente a los ex osasunistas Patxi Puñal y Damià, y al españolista Sergio García. En la declaración referida y que está registrada en video, Vizcay admite que en la jornada número 37 del curso pasado, Damià y Puñal habían llegado a un acuerdo con Sergio García para que el partido acabara con empate. El precio acordado sería de 250.000 euros. El partido, como saben, finalizó con un uno a uno en el marcador.

Pero no son estos tres últimos nombres de jugadores los únicos que aparecen en el procedimiento. Los béticos Amaya y Jordi Figueras también lo hacen. Según diferentes informes, el club navarro le ofreció al Betis la cantidad de 400.000 euros por ganar al Valladolid y otros 250.000 si se dejaban perder en Pamplona. Todo ello se realizó, según la investigación, a través de Txuma Peralta. En total, se habla de unos 650.000 euros que, según el propio Vizcay, Jordi Figueras le habría estado reclamando durante meses.

El ex gerente rojillo está siendo pieza clave en toda esta investigación. Según el propio informe elaborado por la LFP, Vizcay evitaría la responsabilidad criminal por haber sido un “instrumento ciego de una práctica delictiva ordenada por la directiva de Osasuna y también por su ánimo de colaboración en todo momento con la investigación que se ha abierto por parte de la LFP y el CSD”. Vizcay habría asegurado también que los amaños no se ceñían a la última temporada, sino que también se habrían producido durante el mandato del ex presidente del club, Patxi Izco, revelación por la que ha sido finalmente detenido el propio Izco.

El proceso no ha hecho nada más que empezar, pero se intuyen graves consecuencias para los implicados. Nunca como ahora se había iniciado un procedimiento de tanto calado en el fútbol español por lo que está aún por ver en qué acaba todo. Por lo de pronto el nombre de varios clubs, sobre todo el de Osasuna, ya parecen manchados para siempre por la sombra de la corrupción y el amaño de partidos.